Los menonitas asentados en el municipio de Bacalar se encuentran atrapados en un conflicto con la autoridad ambiental, debido a la corrupción que imperó en la anterior administración del exgobernador Roberto Borge Angulo.
En las comunidades menonitas de El Bajío, San Fernando y El Paraíso, sus habitantes se encuentran bajo la amenaza de la Profepa de multarlos o encarcelarlos por la presunta devastación de alrededor de mil 400 hectáreas sin el permiso del cambio de uso de suelo.
La denuncia fue interpuesta recientemente en el mes de mayo, sin embargo, y desde el 2011, los menonitas habían empezado con la preparación y limpieza de sus terrenos para el cultivo porque habían recibido la aprobación del entonces gobernador y de la Semarnat para trabajar como lo han hecho en otros asentamientos en otros estados del país.
Desde esa fecha hasta hoy en día, los menonitas han invertido millones y millones de pesos en preparar sus terrenos, levantar sus viviendas e introducir servicios básicos como el agua y la energía eléctrica.